Un día después de una nueva tanda de decretos que, entre otras medidas, buscan limitar el derecho a huelga y en la antesala de otra oleada de despidos de empleados públicos, el co-titular de la CGT, Héctor Daer se reunió en Casa Rosada con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la excusa formal de analizar un cambio en las prestaciones del Hospital Naval, aunque anticipó que a comienzos de la próxima semana la central obrera irá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la restricción al derecho a realizar medidas de fuerza en diversas actividades.
El encuentro se produjo durante el mediodía de este jueves en las oficinas del ex ministerio del Interior y también participó de la misma el ministro de Defensa, Luis Petri. El también titular del gremio de la Sanidad busca preservar las fuentes laborales en medio de la reestructuración del sistema de prestaciones de salud a los integrantes de la Armada.
Por su parte, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo por la tarde un encuentro con el ministro Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para expresar su preocupación por el freno de la obra pública y su consecuencia gravosa sobre el empleo del sector. En este sentido, reclamó el traspaso a las provincias de los proyectos de vivienda PROCREAR. Fuentes cercanas al también delgado cegetista ante la OIT coincidieron en la necesidad de recurrir a los tribunales en contra de la legislación oficial que busca cercenar el derecho al paro.
A la salida de la reunión en Balcarce 50, Daer fue consultado por la prensa acreditada por la nueva embestida del Ejecutivo contra el movimiento obrero en momentos en que rige un virtual tope salarial en paritarias, por debajo de los índices de inflación, y en los que se anuncia la fusión de organismos públicos, lo que hace prever más despidos en el Estado. Los gremios estatales temen el envío de otra oleada de telegramas el próximo 30 de junio.
«Reiteran lo mismo del DNU 70 donde se pretendía cercenar el derecho de huelga de muchas actividades, Esto fue rechazado primero con un amparo y después por un fallo firme. Han cambiado un rubro para pasarlo a esencial volviendo a sacar lo mismo», evaluó Daer acerca de la reglamentación publicada el miércoles 21.
A la par consignó que para la CGT «sigue vigente la suspensión» de esa limitación y que «entre lunes y martes estaremos actuando en la Justicia. Estamos seguros se va a sostener lo que ya predijeron los tribunales en primera y segunda instancia».
Este miércoles el Gobierno publicó el DNU 340/25 por el que resolvió ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.
Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga. Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación. La reglamentación causó sorpresa en los jefes gremiales aunque en la mesa chica de Javier Milei advertían que estos temas venían «conversándose» con los gremios de manera informal.
En el Ejecutivo sostienen que no habrá en lo inmediato una convocatoria «para la foto» con la mesa chica de la CGT y que, de hecho, la anunciada reforma laboral e impositiva deberá esperar hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre. Mientras, sigue avanzado con desregulaciones y decretos con los que busca reinstalar el espíritu del mega DNU 70 frenado parcialmente por la Justicia.
Para Daer la nueva reglamentación «tiene la misma inconstitucionalidad que la que tenía antes. vamos a resolver primero el tema judicial y después habrá conversaciones entre sus pares pero «paro por ahora no». Sí el martes 27 de mayo el salón Felipe Vallese de la central obrera será sede de una reunión plenaria de la CATT (gremios del transporte) para diagramar «un plan de acción» por las «medidas inconsultas» que «desregulan la marina mercante, desguazan Vialidad y una vez intentan limitar el derecho de huelga», dijo Juan Pablo Brey, secretario de prensa de esa organización.
Uno de los puntales del plan antiinflacionario es el tope paritario del 1% mensual, lo que está afectando distintas negociaciones salariales. «Si el Gobierno no homologa las paritarias, habrá una doble discusión, una para firmarla y otra para cobrarla», adujo y respecto a los nuevos decretos sostuvo que no surgieron de las «autoridades de Trabajo o Capital Humano» y apuntó elípticamente al ministro Sturzenegger.
El jefe gremial aclaró que «no hay ninguna mesa de trabajo» con el Gobierno con vistas a una futura reforma laboral aunque si conversaciones informales. Y sostuvo que la nueva reglamentación ya estaba redactada hace tiempo y no surgió como consecuencia del envalentonamiento del oficialismo por el triunfo electoral del último domingo.
Durante la reunión de este jueves en la planta baja de Casa Rosada, Daer planteó su preocupación por la preservación de la fuentes de trabajo a raíz de la reestructuración del sistema de salud de la Armada. Se busca rescindir el FUSANA (Fundación Sanidad Naval Argentina) -que trabaja en conjunto con la Obra Social del Personal Naval-, que contrata médico, enfermeros y personal administrativo para el servicio con el fin de abaratar costos para el Estado. En Defensa aclararon que se va a llamar a nueva licitación con el objetivo de mejorar las prestaciones y transparentar los procesos.
