La saga del Señor del Tabaco continúa incluso después de que en una entrevista a un diario español, Pablo Otero declarara que se corrió de la conducción de Sarandí, la tabacalera familiar de la que es propietario y que facturó cifras millonarias por evadir impuestos.
Casi dos meses después de que ARCA lo denunciara por lavado de dinero en la Justicia, el mismo organismo salió a pedirle a los kioscos de todo el país que informen los precios a los que venden los cigarrillos a través de una declaración jurada.
Con firma de 6 de mayo, en el texto enviado a las entidades que nuclean a los kioscos, la ex AFIP advierte que se pone en contacto para informar que efectúa «un relevamiento nacional de precios de venta al público de cigarrillos».
Tras ello, realiza una serie de pedidos y luego plantea que «todo lo requerido deberá ser presentado dentro de los 10 días recibida la presente». Y sobre el final del comunicado agrega que «la información suministrada tendrá carácter de declaración jurada». Ya en abril, la Unión de Kiosqueros había advertido de la situación a los comercios para que soliciten “al distribuidor o fabricante la correspondiente factura de compra».
La medida se enmarca en un intento del organismo de saber con profundidad, la capacidad operativa, económica-financiera en los distribuidores minoristas y mayoristas, con el objetivo de verificar las operaciones facturadas y saber cómo funciona el circuito de pagos en la cadena de toda estructura de comercialización de cigarrillos.
En la denuncia que presentaron en abril, las autoridades fiscales nacionales determinaron que tres de las principales marcas de Tabacalera Sarandí, firma que durante años evitó pagar el tributo mínimo al sector, evidenciaron fuertes incumplimientos de la normativa a partir de registrarse en el mercado minorista, diferencias del 112, 109 y 98% en relación al valor que la compañía declaraba ante el organismo recaudador.
En la fiscalización encontraron todo tipo de irregularidades que apuntarían al lavado de activos. La sospecha, según la denuncia a la que accedió Clarín, recae sobre un período específico que va desde el año 2021 al 2023. Según detectó el organismo, en esos años Otero y su empresa habrían lavado fondos por $ 33.632 millones a través de la venta a de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Todas, según el organismo, tenían un perfil fiscal irregular y serían «usinas» de lavado.
En una entrevista reciente con el diario español El País, el Señor del Tabaco Pablo Otero admitió que no pagó el impuesto mínimo al sector y reconoció tener un patrimonio estimado en unos US$ 15 millones y dejó entrever que ingresó al blanqueo del gobierno de Javier Milei unos US$ 60 millones.
Además, denunció una campaña de desprestigio en los medios que «llegó a tal punto que renuncié como director de Tabacalera Sarandí y de Grupo Madero Sur (la empresa familiar que nuclea al resto de las empresas) por los problemas operativos y familiares que me ha generado».
En la entrevista Otero buscó mostrarse como un empresario que va más allá del negocio tabacalero, en una especie de estrategia de cambio de imagen. Dice que quiere invertir en Uruguay: «Fabricar autos de competición, negocios inmobiliarios y servicios financieros. Mi país me está echando», sostiene.
Otero creció de manera sorprendente. En 2016 tenía una porción minoritaria del mercado con sus cigarrillos de bajo costo y su marca Red Point a la cabeza. Pero gracias a incumplir una ley sancionada en el Congreso durante el macrismo -que obligaba a las empresas a pagar un impuesto mínimo del 70% del valor del atado de cigarrillos- se instaló fuerte en el mercado. Otero fue a la Justicia con el argumento de que era anticonstitucional y consiguió varias medidas cautelares gracias a sus contactos.
Pero la Corte Suprema falló el año pasado y lo obligó a pagar el tributo. Aún queda abierta una discusión para que pague la deuda que se generó en la ex AFIP por ese tributo que no pagó. Serían unos US$ 5.000 millones.
