Tierra del Fuego vive una jornada de paro general este jueves, encabezada por gremios y trabajadores del sector industrial, como respuesta directa a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir aranceles e impuestos internos para productos electrónicos importados. La medida, publicada en el Boletín Oficial esta semana, generó un fuerte rechazo en la provincia, cuya economía depende en gran medida de la industria tecnológica.
Desde el miércoles pasado, las plantas de producción en Río Grande y Ushuaia están paralizadas, afectando a empresas como Newsan, Mirgor, BGH, Solnik, Radio Victoria y Midea Carrier, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). A esta jornada de paro de 24 horas se suma un acto central convocado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) frente a la planta de Mirgor, seguido de una conferencia de prensa y la lectura de un documento conjunto con otros sindicatos.
El gobernador Gustavo Melella intervino directamente en el conflicto, convocando a una mesa de diálogo con empresarios y representantes gremiales para intentar alcanzar un acuerdo que proteja la industria local y preserve los puestos de trabajo. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante políticas que amenazan la producción y la dignidad de nuestra gente”, afirmó el mandatario en un mensaje en redes sociales.
El panorama es preocupante: la UOM estima que se podrían perder hasta 6.000 empleos como consecuencia de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Además de la UOM, confirmaron su adhesión al paro sindicatos como ATE, ATSA, La Bancaria, Judiciales, remiseros y choferes de colectivos, entre otros. En 2024, la producción electrónica fueguina alcanzó más de 5,5 millones de celulares, superando largamente a otras líneas como televisores y aires acondicionados.
La industria fueguina, que representa uno de los pilares económicos de la región, considera que las nuevas medidas favorecen a los productos importados, al ofrecerles una ventaja impositiva que deja a las empresas locales en una situación de desventaja. En ese sentido, tanto Melella como el intendente de Río Grande, Martín Pérez, coincidieron en que el recorte del arancel del 16% equivale a “un intento de desmantelar el régimen industrial”. Legisladores como la senadora Cristina López sumaron su voz al reclamo, acusando al Gobierno nacional de ceder a presiones del FMI en detrimento de los intereses del pueblo fueguino.
